martes, 16 de diciembre de 2014

El ejemplo de Islandia


Lo más positivo de las crisis político-económicas es que nos dan una idea más definida sobre lo ineptos, corruptos e incompetentes que son la mayoría de nuestros empleados políticos, que como niños malcriados que han crecido sin disciplina ni limitaciones abusan del  miedo y la debilidad de los ciudadanos, encargados de mantenerlos. Fuimos tan ingenuos que les creímos cuando nos prometían lujo y bienestar para todos, cuando nos repetían que sólo trabajaban para servirnos y no para servirse. Durante un tiempo así lo hicieron, el dinero fluía como un río embravecido y los políticos gozaban de cierto prestigio, incluso se permitían bromas y chascarrillos ante las cámaras. Hasta que llegó la crisis y descubrimos el pastel. No es que antes lo hicieran bien, es que los mercados financieros decidían por ellos, siendo estos últimos los títeres del poder, los encargados de las explicaciones y las excusas, es decir del trabajo sucio. Títeres estratégicamente colocados en puestos clave (como ministros o delegados del gobierno) con una gran capacidad de servicio, pero de servicio al poder y no a la ciudadanía. Títeres codiciosos que no estaban dispuestos a disminuir su fastuoso tren de vida por unos míseros millones de ciudadanos arruinados que sólo exigían a sus gobernantes cumplir sus promesas y predicar con el ejemplo. Es lo que tiene la crisis, que arruina al pueblo pero no al poder ni a sus sirvientes, endeudados y bien atados éstos últimos a sus amos. Aunque hay algo que es evidente, y es que los políticos ya no pueden forrarse como antes sin pasar desapercibidos. Ahora la mayoría de las cuentas del Estado se miran con lupa. El pueblo, que puede ser apático pero no estúpido, se ha dado cuenta del engaño y hasta se permite abuchear públicamente a sus ministros, que, acomodados en su burbuja de cristal, siguen sin bajarse el sueldo aunque sólo sea por guardar las apariencias y por solidaridad a los ciudadanos, que ya no salen de pobres ni aun trabajando.

      Ahora bien, ¿seguiríamos contando con los servicios de una niñera de saber que en nuestra ausencia maltrata a nuestro bebé? ¿Y los servicios de un abogado de saber que no atiende al ejercicio de sus funciones profesionales? ¿O los servicios de un sanitario de saber su incompetencia en el cuidado de un familiar? ¿Por qué dejamos entonces que nuestros empleados políticos sigan abusando de nuestra confianza y enriqueciéndose a nuestra costa, hasta el punto de llevarnos a muchos a la ruina? ¿Cuándo llegará el día en que los ciudadanos despierten de su pesadumbre fatalista y proclamen masivamente una convención constitucional y un referéndum para crear un nuevo modelo de legislación de Estado y obliguen a sus empleados –los políticos– a que atiendan sólo a materias ideologías y no económicas, de manera que las inversiones en sanidad, educación e investigación dependan de un consenso social antes que político?

      Ahí tenemos el ejemplo de Islandia. Fueron los propios ciudadanos quienes, tras el desastre financiero de 2008 con la quiebra de los tres principales bancos del país, salieron en masa a la calle para exigir reformas políticas y hacer frente a la alta tasa de paro. Fueron ellos y no el gobierno quienes se enfrentaron a banqueros y potencias extranjeras sin derramar una sola gota de sangre, quienes se negaron mediante referéndum a aceptar abusivas propuestas de pago hacia los acreedores británicos y holandeses. Fueron ellos y no los políticos quienes crearon una Asamblea Constituyente (cuyos miembros carecen de afiliación política) para refundar el país con la redacción de una nueva Constitución. Gracias a la nacionalización de los bancos y a la flexibilidad en los mercados laborales y de productos, su deuda se ha reducido en poco más de cuatro años a una quinta parte de la que tenía antes de la crisis. Ha pasado de una situación casi de quiebra nacional a un crecimiento del 3 % del PIB en sólo tres años. La revuelta islandesa no ha causado más víctimas que políticos y banqueros corruptos. No ha generado violencia ni ha sido tan llamativa como las de la Primavera Árabe. Ni siquiera ha tenido repercusión mediática, pues los medios internacionales han pasado sigilosos frente a ella. Sin embargo ha conseguido sus objetivos de forma limpia y ejemplar. Si algo seguro hemos aprendido de este gran país es que las propuestas de los políticos no son más que eso: propuestas, y no fórmulas mágicas que debemos aceptar con santa resignación. El gobierno de un país no es asunto exclusivo de los políticos sino de los ciudadanos en primer lugar. Son estos quienes pueden y deben restaurar o recuperar el orden y el bienestar social, ya que guiados por la necesidad y el pragmatismo no dependen de influencias o intereses de partido. El desarrollo de un país depende de la cantidad de ciudadanos que, dispuestos a cumplir con su responsabilidad cívica y ética, se manifiestan contra los desaciertos de su gobierno, pues por desgracia son siempre los ciudadanos quienes pagan los platos rotos de sus empleados los políticos. El deber de estos últimos –y para eso se les paga– es crear un modelo legislativo acorde a unos principios democráticos que ayude a mantener el bienestar y el equilibrio en la población. Si incumplen con su cometido, beneficiándose a expensas del dinero público, es necesario que los ciudadanos luchen por lo que es suyo. En materia de justicia el pueblo casi siempre lleva la razón. La historia nos demuestra que los mayores avances democráticos, como la igualdad racial y de sexos, nunca surgieron del seno interno de un gobierno sino gracias al tesón y al valor de muchos ciudadanos que dieron su vida por lo que creían justo. A la inversa, cuanto menor es la reacción de los ciudadanos ante las injusticias de su gobierno, más autoritario y sangriento es el devenir de la nación.

      El principio básico de la democracia es crear ciudadanos libres y bien informados, con conocimiento de la realidad, con derecho a la toma de decisiones en asuntos que le conciernen. Esto conlleva una participación activa de la ciudadanía en la estructura política. Por desgracia este modelo de democracia sólo ha existido parcialmente en unos pocos países del norte de Europa. En el resto del mundo la democracia es algo así como una pseudodemocracia, donde el derecho a la libertad no es otra cosa que la persuasión de ser libre. Es mucho más fácil dominar al pueblo desinformándole y haciéndole creer que es libre que haciéndole partícipe del poder político, de esta manera puede el sistema manejar el voto de los ciudadanos a su favor sin que estos descubran la verdad y se rebelen. Así, creyéndose libres para decidir, los ciudadanos no tienen más opción que elegir lo que repetidamente les están sugiriendo desde los medios de comunicación, dominados a su vez por ese mismo sistema. La verdad es lo que nos hace libres, no el voto. Son los ciudadanos quienes han de dirigir el país a través de sus empleados, los políticos. Hay que entender que la política es un poder, y el poder se alimenta del poder. Incluso los partidos políticos denominados liberales son fundamentalmente conservadores ya que forman parte del mismo poder. Si los políticos tiran hacia dentro el deber de los ciudadanos es tirar hacia fuera. Si la función de un gobierno es velar por los derechos e intereses de los ciudadanos, la función de los ciudadanos es hacer valer sus derechos cuando son vulnerados. Ellos son la mayoría absoluta. Los ciudadanos islandeses han salido de la crisis enfrentándose al problema: rehaciendo el viejo modelo de gobierno y persiguiendo y encarcelando a políticos y banqueros en lugar de entonar la cantinela del mea culpa (hemos vivido por encima de nuestras posibilidades) y perseguir a minorías sociales e inmigrantes como chivos expiatorios.
                                                                              


José Carlos Andrade García

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