martes, 30 de diciembre de 2014

Cuando las cosas se hacen bien


Dicen los políticos del PP que el 2015 será el año de la recuperación, pero todo apunta a más de lo mismo, al menos para los de siempre. ¿Qué otra cosa ha sido el 2014 que un poco más de lo mismo? Esto me recuerda a una historia del gran psicólogo y filósofo Paul Watzlawick, recogida en su irónico libro “El arte de amargarse la vida”: «Un borracho está buscando con afán bajo un farol. Se acerca un policía y le pregunta qué ha perdido. El hombre responde: “Mi llave”. Ahora son dos los que buscan. Al fin, el policía pregunta al hombre si está seguro de haber perdido la llave precisamente aquí. Este responde: “No, aquí no, sino allí detrás, pero allí está demasiado oscuro”».

      Aunque pueda parecer una historia absurda, así es como se comportan mayormente nuestros gobernantes: ante una dificultad miran hacia el lado que no es, en vez de enfrentarse a lo que de verdad está ocurriendo. Y en sus intentos de solución fallan una y otra vez, siendo entonces la solución parte del problema.

       Pero ¿por qué buscar algo donde sabemos que no está?

      Una de las claves para salir de esta crisis –en mi opinión– es poniendo en práctica el modelo político de algunos de nuestros aventajados vecinos europeos, como es el ejemplo de Finlandia, que a principios de los 90 se sumergió en una crisis económica sin precedentes, similar en algunos aspectos a la crisis que sufrió Islandia en 2008. La causa, en parte, fue el colapso de la Unión Soviética, destino de la mayoría de los productos finlandeses y que arrastró también al sector inmobiliario y a la mayoría de las empresas de construcción, al sector de la madera y a los astilleros, pilares básicos de la entonces economía finlandesa. En unos pocos años la producción se contrajo un 13%, el marco finlandés se devaluó más del 25%, el sistema bancario prácticamente colapsó y el desempleo se disparó de un 3,5% a casi un 20%. La crisis llevó a una drástica reestructuración de la economía, que durante décadas vivió de la madera. En 1991 el Estado tuvo que gastar un 8% de su PIB en rescatar un sistema financiero colapsado por unos tipos de interés estratosféricos y un grave empobrecimiento en sus exportaciones. Eso les llevó a bajar los salarios y a subir los impuestos, que inevitablemente se tradujo en una bajada del consumo, lo mismo que la mayoría de los países europeos han hecho para combatir sin demasiado éxito la actual crisis financiera. La diferencia está en que sus políticos –gobierno y oposición– fueron lo suficientemente inteligentes para dejar a un lado sus diferencias y pactar un nuevo modelo económico y productivo que impulsaba la educación de calidad y la inversión en investigación y desarrollo (I+D), además de la formación de los trabajadores (justo lo que nosotros los españoles hacemos al revés). Pensaban que de esa manera el nivel de productividad subiría. No hace falta estudiar economía para llegar a esa conclusión. Como primera medida devaluaron la moneda (esto es lo que nos falta a nosotros, que por no tener moneda propia dependemos del euro, «la moneda alemana») y después, para compensar la reducción del consumo, aliviaron la presión fiscal sobre las empresas. La devaluación estimuló el crecimiento de las exportaciones, que hoy representan el 45% del crecimiento del PIB. Al poco tiempo los resultados fueron palpables. Si en 1991 la inversión en I+D era del 1,8% del PIB, actualmente es del 5%. Nokia pasó de fabricar botas a convertirse en el gigante que todos conocemos. Tal fue el éxito de las medidas adoptadas que en el año 2002 Finlandia desbanca a EEUU como el país más competitivo del mundo, además de contar con el mejor sistema educativo de Europa (y quizá también del mundo), lo que lo convierte en uno de los países con mejor calidad de vida.

      La rigurosa selección y formación docente finlandesa supone casi el 6% del PBI invertido en la enseñanza. Finlandia selecciona a los profesores entre el 10% de los graduados universitarios más brillantes, y a partir de ahí los forman para que logren ser excelentes docentes, ya que la única forma de mejorar los resultados es mejorando la instrucción. Hay muchos más aspirantes que plazas (1/10), por lo que el proceso para convertirse en profesor es muy exigente y selectivo. Los salarios son razonablemente buenos y el prestigio social muy grande, lo que atrae a más y mejores candidatos a la profesión docente. Si «un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes» (Informe McKinsey, 2007), la selección de éstos es crítica. La despolitización del sistema y alta participación de la familia son también algunas de las claves que han llevado a este país a rebajar el fracaso escolar a menos de un 1 % antes de completar la educación obligatoria, y entre un 6 y un 7% tras ésta (en comparación a la media europea, de un 15 %), liderando las pruebas PISA. Pasi Sahlberg, director del Ministerio de Educación Finlandesa, afirma que nada puede incomodar tanto a los finlandeses como la competitividad, la base del modelo educativo occidental. Buena parte del éxito de su sistema se basa fundamentalmente en la atención individualizada y la cooperación. Además de la enseñanza son gratuitos los útiles, los textos, el almuerzo y el transporte, organizado y pagado por los municipios. Las escuelas finlandesas incluyen, además de la educación teórica, períodos en talleres y laboratorios de los mismos institutos y prácticas en sitios de trabajo. La formación profesional básica está organizada por los municipios, mancomunidades intermunicipales y el sector privado. Si después de la escuela primaria el adolescente elige seguir una formación profesional, tiene una gran cantidad de alternativas escolares y especialidades para elegir. La formación profesional básica se puede adquirir tanto en institutos como en centros de trabajo mediante un contrato de aprendizaje. Aunque no quiero extenderme demasiado en consideraciones educativas, quisiera citar algunas claves del éxito de este modelo académico (la mayoría de estas claves están extraídas de un artículo muy recomendable: “Finlandia, los secretos de un éxito asombroso” de Paul Robert, director del Colegio Nelson Mandela, de Clarensac, Gard, Francia):       
           
      —Un medio ambiente cálido y acogedor. En muchas clases suena una música suave y relajante que al cambiar de melodía marca el fin de cada clase.
      —Las clases son de 45 minutos y hay 15 de descanso después de cada asignatura.
      —Un promedio alto de atención a los alumnos. Las clases no superan los 20 alumnos, si alguno tiene problemas académicos pasa a una de 10.
      —Ritmos de aprendizaje adaptados a los niños.
      —Es normal que maestros y padres se comuniquen casi a diario vía  mail.
      —Las jornadas laborales de los docentes son de 37 horas semanales y no todas son en aula.
     —Una detección precoz de las desventajas y desordenes del aprendizaje y uso de las ayudas específicas.
      —Los centros escolares cuentan con trabajadores sociales, médicos y enfermeros.
     —Gran libertad de elección dejada a los alumnos para organizar sus estudios. Anualmente un alumno es elegido por sus compañeros para tratar los conflictos. En muchos casos las reglas de convivencia son redactadas por los alumnos en negociación con los docentes.
     —Existe descentralización y autonomía por parte de los profesores para abordar el plan de estudios. Esto implica que los profesores puedan reajustar sus necesidades y participar en la generación de programas a través de un proceso democrático en el que se involucra a padres y alumnos a nivel  municipal.
      —Una evaluación motivadora. Hasta los 9 años los alumnos no son evaluados con notas. Sólo a esa edad los alumnos son evaluados por primera vez, pero sin emplear cifras. Después no hay nada nuevo hasta los 11 años. Así, la adquisición de los saberes fundamentales puede hacerse sin la tensión de las notas y controles y sin la estigmatización de los alumnos más lentos. Ello, por supuesto, no excluye informar a las familias regularmente sobre los progresos de sus niños.
      —El mismo ritmo de evaluación es mantenido en el colegio después de los 13 años empleando calificaciones en cifras que pueden ir de 4 a 10. Están proscritos el 0 infamante y las notas muy bajas. Pues ¿qué interés puede haber en construir una escala de la ignorancia?

      Islandia y Finlandia son claros ejemplos de cómo planificarse y superarse ante la crisis. En nuestro país, a día de hoy, no hay proyectos sólidos que respalden a las pequeñas y medianas empresas, que apenas reciben ayudas o facilidades del Estado (más bien lo contrario). Nos hemos declarado en bancarrota para pagar a nuestros acreedores, los mismos que se han enriquecido a base de prestarnos créditos que sabían que no íbamos a poder pagar. Nuestro gobierno nos llama irresponsables y tratan de convencernos de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que somos culpables de esta situación. Esto es lo que ocurre cuando se instala el paternalismo «democrático» y se ignora o se culpabiliza de todos los males a la ciudadanía, que es quien le paga el (sobre)sueldo a los políticos. Si esta calaña son nuestros empleados, nuestros supuestos representantes y portavoces sociales, ¿cómo es posible que ni tan siquiera nos dejen elegir a los ciudadanos si queremos pagar una deuda contraída sin consultarnos previamente y que nos impide crecer económicamente? ¿Por qué no nos dicen claramente que tenemos que pagar esta deuda privada con grandes recortes en derechos y libertades fundamentales? En un gran artículo periodístico de Eric Toussaint, Presidente del CADTM, bajo el título “Deudas ilegales, ilegítimas y odiosas”,  se dice que «Cuando se hace un contrato y una parte utiliza su poder para imponer condiciones desfavorables a la otra, ese contrato puede considerarse nulo. El contratante tiene que estar en condiciones para firmar el contrato de manera libre, tiene que poder ejercer su autonomía de la voluntad. En el caso europeo es claro que existe chantaje de los mercados financieros y de la Troika, ya que imponen condiciones desfavorables a los países. Por lo tanto los países pueden decidir de manera soberana suspender el contrato. […] La deuda reclamada por la troika a Portugal, Grecia e Irlanda es odiosa. Es decir, una deuda contratada bajo el chantaje, en condiciones dictadas por los acreedores que son violaciones de los derechos económicos y sociales de la población. […] El problema [de todo esto] es la correlación de fuerzas para demostrar, convencer a la gente, que algo presentado como normal es realmente ilegítimo». Evadir al fisco y cobrar en negro es ya un deporte nacional en parte fomentado por quienes deberían dar un poco de ejemplo, nuestros queridísimos políticos.


      ¿Se entiende por qué es tan importante un cambio total del sistema educativo? Ahí está sin duda la raíz de todos los males. Si desde las escuelas seguimos fomentando la competitividad y el enriquecimiento personal por encima del respeto individual y la cooperación, seguiremos formando rapaces y depredadores políticos, banqueros e industriales incapaces de la más mínima consciencia y empatía, y cuya labor sólo servirá para añadir más caos y sufrimiento a una sociedad de la que ellos mismos dependen para enriquecerse. Si desde la escuela iniciamos un auténtico y genuino proceso pedagógico para que el alumno desarrolle sus capacidades emocionales y obtenga una sólida conciencia crítica, los futuros ciudadanos no van a ser seducidos ni engañados por los eruditos de la demagogia. Estarán preparados para distinguir correctamente las propuestas inteligentes y constructivas de aquellas falsedades o dádivas oportunistas que no hacen sino someter la voluntad de quienes las reciben. El ejemplo de Finlandia puede ser el principio de una gran revolución de la conciencia colectiva o un simple paréntesis anecdótico en la inagotable historia de la estupidez humana.  


José Carlos Andrade García

viernes, 19 de diciembre de 2014

Infantilocracia


El filósofo alemán Immanuel Kant, decía que «Un gobierno basado en el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los hijos, es decir, un gobierno paternalista (imperium paternale), en el que los súbditos, como los hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que es útil o dañino, y son obligados a comportarse pasivamente para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que deben ser felices y esperar su bondad, es el peor despotismo que se pueda imaginar».

Hasta ahora el capitalismo occidental se ha posicionado en un paternalismo seudo-democrático donde el ciudadano medio es visto y tratado como un niño, alguien incapaz de responsabilizarse de sí mismo y decidir sobre su futuro. La versión más patológica de este paternalismo es el autoritarismo, más propio de países sudamericanos, africanos y asiáticos, donde el Estado, haciendo el papel de padre riguroso y «benefactor», impone órdenes y reglas de manera arbitraria y sin contar con la opinión o las necesidades de los ciudadanos, a quienes se les prohíbe decir lo que piensan y actuar por cuenta propia. Bajo la amenaza del castigo, al pueblo se le mantiene en un permanente estado de terror infantil y conformismo fatalista. Al juez, al policía, al político, a cualquiera que ocupe un cargo de responsabilidad no se le exige capacidad sino lealtad. Así, el adulto tratado como niño (temeroso de ser encerrado en el cuarto oscuro de la sociedad) no desarrolla jamás sus capacidades emocionales y es incapaz de alcanzar un sistema de pensamiento propio.

Afortunadamente, gracias al liberalismo financiero y a las redes sociales que estimulan la lucidez del ciudadano y fomentan la rebelión, estos regímenes están en claro declive, siendo sustituidos subrepticiamente por un paternalismo populista menos brutal pero sí más sutilmente manipulador y disuasorio, evitando así una excesiva mala imagen ante la comunidad internacional, de la que dependen para sus negocios. Así pues, a los sectores menos afines al poder ya no se les castiga o persigue, más bien se les controla mediante trabas administrativas e impuestos desorbitados. Subsidia a otros sectores no en función de su eficiencia sino por los votos que representa y por sus contribuciones políticas. En vez de apostar por la investigación y el desarrollo, recurre a la dádiva para fomentar la dependencia del pueblo al gobierno, y por ende su agradecimiento. Su meta no es que los pobres superen su situación y se valgan por sí mismos, sino más bien lograr su adhesión ideológica. Siendo la pobreza el mejor generador de la ignorancia y la dependencia, le conviene que los pobres se multipliquen.

Tanto el populismo como el autoritarismo, que son lo mismo bajo diferente disfraz, destruyen los incentivos para que los ciudadanos prosperen autónomamente y los enfrenta entre sí por el reparto de ingresos o subsidios. Su objetivo no es tanto la paz o el bien común como su permanencia en el poder.

No muy diferente es el actual paternalismo «democrático», propio de países europeos como España, Grecia o Italia, donde sutilmente se controla la voluntad del ciudadano haciéndole creer que es libre en la toma de decisiones, pero imponiéndole una obediencia disfrazada como «medida necesaria de austeridad». A diferencia del dictador o el populista, que busca la permanencia indefinida en el poder político, el paternalista demócrata busca el enriquecimiento económico a corto plazo sin preocuparse demasiado por el poder político, que más bien es un medio para forrarse. Al contrario que los otros, que son autoritarios con las minorías privilegiadas mediante impuestos abusivos o violando sus derechos de propiedad –«por el bien de la colectividad»–, éste se muestra adulador y permisivo con las minorías privilegiadas (permisividad ante la corrupción, relajamiento de la inspección tributaria, facilidades a la evasión de impuestos mediante paraísos o amnistías fiscales, etc.), de los que recibirá réditos a medio plazo, y autoritario y desdeñoso con la mayoría de los votantes ya sea mediante impuestos desorbitantes o vulnerando sus derechos democráticos con leyes desmedidas y oportunistas, desmantelando de paso el estado de bienestar mediante la privatización de administraciones públicas como la educación y la sanidad.

Aunque unos y otros persiguen poderes diferentes, las consecuencias de su política no difieren demasiado, ya que fomentan la pobreza y la precariedad social por interés propio. Tampoco difieren demasiado en imponer una determinada moral o limitar las libertades democráticas de los ciudadanos (sobre todo los partidos de derecha) con leyes discriminatorias contrarias al aborto, al matrimonio entre parejas homosexuales, a la huelga o a la manifestación. Ni tampoco difieren mucho en cuanto a la elección de políticos y jueces, donde la lealtad prima sobre la capacidad.

Hay quienes defienden (con cierta arrogancia) este modelo de paternalismo capitalista como el mejor de todos los modelos posibles, ya que fomenta la competitividad y por lo tanto el progreso, aun a costa del empobrecimiento de una buena parte de la población. Es la llamada «ley del más apto». Según ellos, el papel del Estado consiste en fomentar la competitividad y en premiar a quienes consiguen sus objetivos financieros, ignorando o marginando a quienes se quedan en el camino o carecen de las posibilidades de subirse en el dorado carro del capitalismo. Así pues se preguntan: «¿Por qué ha de ser el Estado y no los propios ciudadanos los que deban ocuparse de su porvenir? En la analogía familiar, ¿es justo, por ejemplo, que la educación de los hijos aptos se sacrifique para compensar a un hijo minusválido?» Sorprende la poca consciencia de estos defensores del capitalismo liberal a ultranza, que no tienen en cuenta que los no privilegiados son la mayoría de la población y que a través de sus impuestos  dan de comer al Estado y de llevar al poder precisamente a los más «aptos», que necesitan de las clases medias y bajas para mantenerse en el carro.

Hay quienes confunden la prestación de subsidios con el populismo antes mencionado, pero dejemos claro que una cosa es aplicar la Constitución y las Leyes Internacionales de Derechos Humanos, donde toda persona tiene derecho a una vivienda mínimamente en condiciones o a recibir un subsidio en caso de estar desempleado, y otra cosa es interferir en la libertad de derecho y en la vida privada de los ciudadanos con leyes  discriminatorias. No confundamos el derecho de dignidad del ser humano con el paternalismo. La dignidad intrínseca del ser humano empieza por el que hace la ley. No es indigno el ciudadano que duerme en la calle sobre cartones sino el político que ignora derechos constitutivos básicos denegando subsidios, desahuciando y empujando a la calle a ciudadanos en situación de extrema precariedad. El humilde trabajador que paga religiosamente sus impuestos no lo hace precisamente para enriquecer a los más privilegiados sino para aportar su granito de arena en pro del bienestar generalizado. La historia de las especies nos ha demostrado que quienes siguen la "ley del más fuerte" son los primeros en perecer; mientras que aquellos otros que siguen la "ley del más colaborador" sobreviven y se adaptan a cualquier entorno, facilitándole el camino a las siguientes generaciones. El sistema autoritario o "persuasivo" de la infantilocracia no permite al ciudadano tomar decisiones que le incumben y responsabilizarse de sí mismo, manteniéndolo, como ya hemos dicho, en un estado emocionalmente infantil. Por lo tanto no le prepara para desenvolverse constructivamente ante la singularidad de un acontecimiento que haga inoperable dicha ley o autoridad, como pueda ser un inesperado desastre natural o climático. Al no saber conducirse responsablemente sin la autoridad oficial, no le quedará más remedio que convertirse él mismo en una autoridad, agravando el caos y convirtiendo cualquier desastre natural en un desastre incomparablemente mayor.  

Lo ideal sería un gobierno que fomente la igualdad de oportunidades entre clases sin desfavorecer a unos en favor de otros. Algunos países del norte de Europa como Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia han demostrado que con inteligencia y buenas maneras es posible conjugar desarrollo con sostenibilidad social mediante inversiones en investigación y subsidios a las clases desfavorecidas sin caer por ello en un paternalismo populista o dictatorial, hasta el punto de que prácticamente han desaparecido las mencionadas clases desfavorecidas. Sólo en estos países se ha adoptado un enfoque realmente democrático y respetuoso hacia los ciudadanos, donde se les empieza a tratar como seres adultos capaces de valerse por sí mismos y con poder en la toma de decisiones políticas y judiciales, como encarcelar o echar de su cargo a cualquier político que se beneficie a costa de la ciudadanía o incumpla sus promesas.

Aunque este sistema democrático todavía está en pañales, su crecimiento es progresivo. No es casualidad que estos países lideren el índice mundial en calidad de vida y de que su sistema educativo sea el más desarrollado del mundo, ya que la verdadera democracia sólo es posible a través de una educación de calidad. 


José Carlos Andrade García

martes, 16 de diciembre de 2014

El ejemplo de Islandia


Lo más positivo de las crisis político-económicas es que nos dan una idea más definida sobre lo ineptos, corruptos e incompetentes que son la mayoría de nuestros empleados políticos, que como niños malcriados que han crecido sin disciplina ni limitaciones abusan del  miedo y la debilidad de los ciudadanos, encargados de mantenerlos. Fuimos tan ingenuos que les creímos cuando nos prometían lujo y bienestar para todos, cuando nos repetían que sólo trabajaban para servirnos y no para servirse. Durante un tiempo así lo hicieron, el dinero fluía como un río embravecido y los políticos gozaban de cierto prestigio, incluso se permitían bromas y chascarrillos ante las cámaras. Hasta que llegó la crisis y descubrimos el pastel. No es que antes lo hicieran bien, es que los mercados financieros decidían por ellos, siendo estos últimos los títeres del poder, los encargados de las explicaciones y las excusas, es decir del trabajo sucio. Títeres estratégicamente colocados en puestos clave (como ministros o delegados del gobierno) con una gran capacidad de servicio, pero de servicio al poder y no a la ciudadanía. Títeres codiciosos que no estaban dispuestos a disminuir su fastuoso tren de vida por unos míseros millones de ciudadanos arruinados que sólo exigían a sus gobernantes cumplir sus promesas y predicar con el ejemplo. Es lo que tiene la crisis, que arruina al pueblo pero no al poder ni a sus sirvientes, endeudados y bien atados éstos últimos a sus amos. Aunque hay algo que es evidente, y es que los políticos ya no pueden forrarse como antes sin pasar desapercibidos. Ahora la mayoría de las cuentas del Estado se miran con lupa. El pueblo, que puede ser apático pero no estúpido, se ha dado cuenta del engaño y hasta se permite abuchear públicamente a sus ministros, que, acomodados en su burbuja de cristal, siguen sin bajarse el sueldo aunque sólo sea por guardar las apariencias y por solidaridad a los ciudadanos, que ya no salen de pobres ni aun trabajando.

      Ahora bien, ¿seguiríamos contando con los servicios de una niñera de saber que en nuestra ausencia maltrata a nuestro bebé? ¿Y los servicios de un abogado de saber que no atiende al ejercicio de sus funciones profesionales? ¿O los servicios de un sanitario de saber su incompetencia en el cuidado de un familiar? ¿Por qué dejamos entonces que nuestros empleados políticos sigan abusando de nuestra confianza y enriqueciéndose a nuestra costa, hasta el punto de llevarnos a muchos a la ruina? ¿Cuándo llegará el día en que los ciudadanos despierten de su pesadumbre fatalista y proclamen masivamente una convención constitucional y un referéndum para crear un nuevo modelo de legislación de Estado y obliguen a sus empleados –los políticos– a que atiendan sólo a materias ideologías y no económicas, de manera que las inversiones en sanidad, educación e investigación dependan de un consenso social antes que político?

      Ahí tenemos el ejemplo de Islandia. Fueron los propios ciudadanos quienes, tras el desastre financiero de 2008 con la quiebra de los tres principales bancos del país, salieron en masa a la calle para exigir reformas políticas y hacer frente a la alta tasa de paro. Fueron ellos y no el gobierno quienes se enfrentaron a banqueros y potencias extranjeras sin derramar una sola gota de sangre, quienes se negaron mediante referéndum a aceptar abusivas propuestas de pago hacia los acreedores británicos y holandeses. Fueron ellos y no los políticos quienes crearon una Asamblea Constituyente (cuyos miembros carecen de afiliación política) para refundar el país con la redacción de una nueva Constitución. Gracias a la nacionalización de los bancos y a la flexibilidad en los mercados laborales y de productos, su deuda se ha reducido en poco más de cuatro años a una quinta parte de la que tenía antes de la crisis. Ha pasado de una situación casi de quiebra nacional a un crecimiento del 3 % del PIB en sólo tres años. La revuelta islandesa no ha causado más víctimas que políticos y banqueros corruptos. No ha generado violencia ni ha sido tan llamativa como las de la Primavera Árabe. Ni siquiera ha tenido repercusión mediática, pues los medios internacionales han pasado sigilosos frente a ella. Sin embargo ha conseguido sus objetivos de forma limpia y ejemplar. Si algo seguro hemos aprendido de este gran país es que las propuestas de los políticos no son más que eso: propuestas, y no fórmulas mágicas que debemos aceptar con santa resignación. El gobierno de un país no es asunto exclusivo de los políticos sino de los ciudadanos en primer lugar. Son estos quienes pueden y deben restaurar o recuperar el orden y el bienestar social, ya que guiados por la necesidad y el pragmatismo no dependen de influencias o intereses de partido. El desarrollo de un país depende de la cantidad de ciudadanos que, dispuestos a cumplir con su responsabilidad cívica y ética, se manifiestan contra los desaciertos de su gobierno, pues por desgracia son siempre los ciudadanos quienes pagan los platos rotos de sus empleados los políticos. El deber de estos últimos –y para eso se les paga– es crear un modelo legislativo acorde a unos principios democráticos que ayude a mantener el bienestar y el equilibrio en la población. Si incumplen con su cometido, beneficiándose a expensas del dinero público, es necesario que los ciudadanos luchen por lo que es suyo. En materia de justicia el pueblo casi siempre lleva la razón. La historia nos demuestra que los mayores avances democráticos, como la igualdad racial y de sexos, nunca surgieron del seno interno de un gobierno sino gracias al tesón y al valor de muchos ciudadanos que dieron su vida por lo que creían justo. A la inversa, cuanto menor es la reacción de los ciudadanos ante las injusticias de su gobierno, más autoritario y sangriento es el devenir de la nación.

      El principio básico de la democracia es crear ciudadanos libres y bien informados, con conocimiento de la realidad, con derecho a la toma de decisiones en asuntos que le conciernen. Esto conlleva una participación activa de la ciudadanía en la estructura política. Por desgracia este modelo de democracia sólo ha existido parcialmente en unos pocos países del norte de Europa. En el resto del mundo la democracia es algo así como una pseudodemocracia, donde el derecho a la libertad no es otra cosa que la persuasión de ser libre. Es mucho más fácil dominar al pueblo desinformándole y haciéndole creer que es libre que haciéndole partícipe del poder político, de esta manera puede el sistema manejar el voto de los ciudadanos a su favor sin que estos descubran la verdad y se rebelen. Así, creyéndose libres para decidir, los ciudadanos no tienen más opción que elegir lo que repetidamente les están sugiriendo desde los medios de comunicación, dominados a su vez por ese mismo sistema. La verdad es lo que nos hace libres, no el voto. Son los ciudadanos quienes han de dirigir el país a través de sus empleados, los políticos. Hay que entender que la política es un poder, y el poder se alimenta del poder. Incluso los partidos políticos denominados liberales son fundamentalmente conservadores ya que forman parte del mismo poder. Si los políticos tiran hacia dentro el deber de los ciudadanos es tirar hacia fuera. Si la función de un gobierno es velar por los derechos e intereses de los ciudadanos, la función de los ciudadanos es hacer valer sus derechos cuando son vulnerados. Ellos son la mayoría absoluta. Los ciudadanos islandeses han salido de la crisis enfrentándose al problema: rehaciendo el viejo modelo de gobierno y persiguiendo y encarcelando a políticos y banqueros en lugar de entonar la cantinela del mea culpa (hemos vivido por encima de nuestras posibilidades) y perseguir a minorías sociales e inmigrantes como chivos expiatorios.
                                                                              


José Carlos Andrade García

domingo, 7 de diciembre de 2014

El gran negocio de la deuda


Cuanto más crece la población mundial más rápidamente se agotan los recursos naturales propios de un país, por lo que muchos gobiernos buscarán tales recursos en países del Tercer Mundo –a los que son fáciles de explotar– sin importarles «la vida de la gente que les están dando las ganancias» (Justina Mumba). Si antaño  invadieron África llevándose a su gente como esclavos, ahora se llevan sus recursos naturales. Así por ejemplo, el dinero que ofrece China a los gobiernos africanos rara vez se orienta hacia inversiones en salud o educación sino en proyectos de infraestructuras que no hacen sino enriquecer a gobiernos corruptos y empobrecer aún más a sus habitantes, que son precisamente quienes más necesitan de esos recursos. Está claro que a las potencias mundiales no les interesa que África despegue de su miseria, pues así lo tendrían más difícil para controlar las redes de su política interior, pero sobre todo para no pagar un precio cada vez mayor por sus recursos naturales. 

      Los países desarrollados que prestan grandes sumas de dinero a países en desarrollo no lo hacen con la finalidad de que se lo devuelvan con intereses –eso no sería negocio– sino más bien con la finalidad de que no puedan devolvérselo jamás. Sólo así tendrán vía libre para explotar sus recursos naturales, crear centros estratégicos, bases militares, fábricas o influir en su política interna. Hoy día las guerras ya no son rentables: dan mala publicidad al poder. Más inteligente es arrasar un país endeudándolo.



José Carlos Andrade García